El Senado de Paraguay aprobó la reforma de la ley de juegos de azar, una medida que busca modernizar el marco regulatorio vigente y acabar con el monopolio en este sector. La iniciativa, que había sido presentada en noviembre por la Cámara de Diputados, fue modificada y deberá regresar a la cámara baja para su revisión y aprobación final.
La reforma, según explicó el senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, tiene como principal objetivo fortalecer a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Esto incluye dotarla de mayores facultades regulatorias, mejorar su capacidad de recaudación y garantizar un control más efectivo sobre los juegos de azar a nivel nacional.
“El proyecto busca convertir a la Conajzar en un organismo con un brazo ejecutor más sólido, permitiéndole cumplir sus resoluciones y ejercer un rol más activo en la supervisión y fiscalización del sector”, señaló el legislador.
La necesidad de esta reforma ha sido reiterada por el presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, quien en noviembre envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados enfatizando que la legislación actual, aprobada hace 27 años, está desactualizada y requiere una modernización urgente.
“El desafío es hacer de la Conajzar una institución eficaz, capaz de aplicar sus mandatos y atribuciones en la práctica”, destacó Peña. Además, subrayó que las modificaciones propuestas permitirán la liberalización del mercado de juegos de azar, eliminando los monopolios existentes a nivel nacional, departamental y municipal.
El mandatario también afirmó que la reforma fomentará una asignación más eficiente del mercado, respaldada por una institución sólida encargada de proteger los intereses regulados por la ley. Por ello, instó a la Cámara de Diputados a acelerar el tratamiento del proyecto, una solicitud que ya ha tenido eco en la agenda legislativa.
Si esta reforma se convierte en ley, Paraguay estaría dando un paso significativo hacia la modernización del sector de los juegos de azar, promoviendo un mercado más competitivo y regulado, mientras se fortalece la capacidad del Estado para supervisar y garantizar prácticas responsables.
