La Lotería del Estado de Río de Janeiro (Loterj) presentó una acción civil pública ante el 13º Juzgado Civil Federal en el Distrito Federal, solicitando la suspensión inmediata de la lista preliminar de empresas autorizadas por la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda de Brasil para operar apuestas deportivas.
El organismo exige que antes de cualquier autorización, se lleve a cabo un procedimiento de licitación y se paguen las tasas correspondientes.
Loterj fundamenta su acción en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal (STF), que establece que la operación de loterías por agentes privados debe estar precedida de una delegación estatal obtenida mediante licitación.
Según el organismo, la SPA está permitiendo que empresas operen bajo un esquema que califica como “flagrantemente inconstitucional”, ya que no cumple con los procedimientos legales estipulados.
Implicaciones del caso
En su comunicado, Loterj asegura que la Unión no ha otorgado delegaciones formales a agentes privados, permitiendo que empresas acreditadas operen sin cumplir con los requisitos legales. Esta situación, según la lotería estatal, pone en riesgo la transparencia y la regulación adecuada del mercado de apuestas en Brasil.
Como parte de su solicitud, Loterj busca que el tribunal prohíba la promoción, publicidad y comercialización de servicios de apuestas por parte de empresas que no hayan participado en un proceso de licitación, hasta que se regularice la situación.
Reacciones de expertos
Durante el SBC Summit Latinoamérica, Ana Bárbara Costa, cofundadora de la Asociación de Mujeres de la Industria del iGaming, señaló que la regulación actual se basa en una ley de licitaciones más reciente, que introdujo criterios de acreditación. Sin embargo, criticó la flexibilidad de los requisitos, como los tres años de experiencia exigidos, lo que podría abrir la puerta a inconsistencias regulatorias.
Por su parte, Filipe Alves, abogado especializado en gestión deportiva, destacó que la reciente jurisprudencia del STF refuerza la necesidad de licitaciones para garantizar un mercado regulado. Según Alves, esta decisión podría reiniciar el proceso para todas las empresas, permitiendo que aquellas excluidas previamente por operar en mercados no regulados tengan una nueva oportunidad de participación bajo normas más estrictas.
