El Senado Federal de Brasil recientemente discutió la implementación de un Impuesto Selectivo (IS) en el sector de apuestas, medida que ha generado preocupación entre expertos y operadores sobre las posibles consecuencias negativas para el mercado regulado. Desde la perspectiva de analistas y representantes del sector, una carga fiscal elevada podría tener efectos contrarios a los objetivos de regulación y control del mercado, alejando a los jugadores de los canales oficiales y promoviendo el uso de operadores no regulados, que carecen de supervisión y no brindan protección adecuada al consumidor.
La propuesta de aplicar un impuesto adicional se suma a una carga tributaria ya significativa en el país. A partir del 1 de enero de 2025, las casas de apuestas en Brasil deberán pagar una tasa del 12% sobre el Ingreso Bruto del Juego (GGR), una medida que calcula los impuestos sobre la diferencia entre las apuestas realizadas y los premios pagados.
Con esta tasa y otras contribuciones adicionales, la carga tributaria total para el sector alcanzará aproximadamente el 35%, posicionando a Brasil entre los países con mayores impuestos sobre el juego a nivel mundial. Los operadores y consultores del sector sostienen que este nivel de impuestos podría hacer que algunos inversores reconsideren sus operaciones en el país.
Una de las preocupaciones principales de los expertos en regulación es que un régimen fiscal tan alto podría incentivar el comportamiento adictivo en el consumo de apuestas.
Según investigaciones en mercados internacionales, impuestos elevados tienden a alejar a los jugadores de los operadores regulados y a dirigirlos hacia el mercado ilegal, donde no existen los controles de seguridad, transparencia y responsabilidad social que implementan las plataformas oficiales.
En estos espacios sin regulación, los jugadores son más propensos a adoptar comportamientos compulsivos, lo que genera un riesgo adicional para la sociedad y complica los esfuerzos por combatir la ludopatía. Desde el sector, se argumenta que una política fiscal equilibrada y adecuada a las condiciones del mercado brasileño sería más efectiva para fomentar un entorno de juego seguro, con capacidad de recaudación y generación de empleo.
